¿Qué nos dejó en la ESAP la administración Santos II? por Wilson Ladino Orjuela
Entre 2014 y 2018 la ESAP tuvo cuatro directores nacionales Elvia Mejía, Alejandro Larreamendy, Claudia Franco, Giovanni Chamorro. Es decir un director por año, en promedio. En realidad Elvia Mejía, que veía del período Santos I, tuvo unos meses, luego Larreamendy duró un año, Franco casi dos años encargada y Chamorro cuatro meses encargado.
No puede ser mejor la radiografía de una institución que podría ser de primera pero ha sido tratada como de tercera para "lubricar" el trámite de proyectos en el Congreso de la República. Más de dos años con directores encargados, que representan una casa política, y que se evidencia en su regionalismo cuando hablan y piensan.
En estos años la ESAP ha contado con importantes recursos financieros para su funcionamiento. No depende del presupuesto nacional porque sus ingresos los aporta la Ley 21 de 1982, sobre la que sigue habiendo un vacío inmenso acerca de qué entidades son deudoras históricas o recientes. Aunque se le ha aprobado a la administración el uso de más de 100 mil millones para construir sus sedes, cuenta con más de 700 mil millones en ahorros que el Ministro de Hacienda no dejará usar, dicen algunos.
Al comienzo del Gobierno se establecieron varios compromisos, pero los centrales fueron la acreditación institucional, para lo que era necesario acreditar el programa a distancia (multicampus) de pregrado. Y con movimientos extraños, que no habíamos visto en la entidad encargada de dicha certificación, el CNA, se aprobó en un plazo de seis meses, sobre un plan de mejoramiento, la acreditación de calidad del programa APT. Sin profesores de tiempo completo realmente nombrados y trabajando, sin bilingüismo, sin reducción de la deserción, sin atender a los egresados, sin mejoras sustantivas en la infraestructura, sin una masiva publicación de los productos de las investigaciones realizadas en los últimos 10 o siete, o cinco años, sin cambios sustantivos en el bienestar universitario para estudiantes a distancia. Sin movilidad estudiantil y profesoral.
La Consultoría y la Capacitación a entidades y a funcionarios siguen siendo ruedas sueltas. Sin articulación con la investigación y los procesos de formación. La calidad de los capacitadores se ha reducido y los consultores no cuentan con las condiciones que se requieren para los procesos técnicos de reformas administrativas del Estado colombiano en cualquiera de sus niveles. Son reiteradas las quejas. Se han incrementado los asesores particulares que ofrecen sus servicios a las entidades estatales, ante la fragilidad de lo ofrecido por la ESAP.
Pero si se masificó la "tercerización", como una expresión de la aplicación de los conceptos de la Nueva Gestión Pública, "privatización", entrega a particulares de los procesos y funciones misionales. Un proyecto de diagnóstico de 100 municipios que luego se elevó a más de 200, que habían sufrido los rigores de la violencia fue entregado a "fodesep" y como resultado nos permitieron conocer seis cartillas de lo realizado con más de 30 mil millones de pesos de varias vigencias.
También se aprobaron nuevos reglamentos y estatutos contratados a profesionales "extranjeros". Se volvió a desconocer el trabajo con equipos conformados por profesores, estudiantes y funcionarios, como era de esperar en una institución universitaria. No se cuenta con la "legitimidad" necesaria para estas normas, aprobadas por un Consejo Directivo Nacional que no tiene una representación profesoral seria y responsable que informe a los profesores sobre sus decisiones y actuaciones.
Para la celebración de los 60 años, se adelantó un evento que expresa muy bien la desconexión de la administración con la comunidad académica esapista. Se cerró la institución toda la tarde y se redujo la invitación a "exdirectores" y a los contratistas a quienes se les dieron los contratos para que "escribieran" y presentaran, en el ahora período Duque, documentos refritos de otros ya elaborados, en los que se defienden las acciones de directivos en gobiernos de los años 90 (Samper) y en los que se hace prospección "sin atacar el fondo".
En dichos documentos se evade el problema central que presenta la administración pública colombiana: su "patrimonialización", que es evidenciada cada tanto, en casos de corrupción que salen publicitados por los medios de comunicación.
El problema de fondo que presenta la Administración Pública del Estado colombiano, es que fue apropiada por "señores", "caciques", "barones electorales" en todas las regiones del país y que convirtieron las nóminas oficiales y los dineros públicos de inversión en sus "bienes privados". Más de 100 billones de pesos del presupuesto nacional, está en manos de los barones regionales. Ahí están los casos de Odebrecht y de Reficar, puentes que se caen, o se "arrugan", etc. Se perdió la distinción, o nunca la hubo, entre lo público y lo privado, que es un principio del Estado constitucional moderno.
En dichos documentos se evade señalar el fondo del problema porque los contratistas son "vividores" de dicha patrimonialización. Su vida profesional depende de contratos multimillonarios que les ofrecen en las entidades para seguir diciendo lo que se puede decir.
En la ESAP, cada año, entre 2014 y 2018, se vincularon entre 1200 y 1400 contratistas temporales que son "clientela" de los dueños de la entidad y que niegan, por las normas vigentes de prohibición, su influencia y control efectivo. En todo caso se sabe que esos contratistas son los que consiguen, 50, 100 o 500 votos en las campañas al Congreso y que aportan los votos para los candidatos de esos señores a las Gobernaciones, Asambleas, Alcaldías o Concejos municipales. Sólo un ciego es el que no ve y un sordo el que no oye. NO hay pesito que se ejecute sin autorización de estos "señores" o "caciques" verdaderos "dueños en la sombra" de la institución. Como ocurre en otras 6200 instituciones estatales colombianas.
Se aprobó una nómina de 100 profesores temporales, con una figura traída del Sena, cuando en el estatuto universitario público existe la figura del "profesor ocasional", suficiente para "simular" incremento de la necesaria planta de docentes de tiempo completo con la estabilidad necesaria en una entidad que ya alcanza 150 Cetap y casi 15 mil estudiantes, ciento cincuenta de los cuales son de maestría, en dos programas que se vienen ofreciendo por casi todo el territorio nacional. Se ha intervenido la nómina de los docentes hora cátedra, para dar cabida a los amigotes y la clientela de los "dueños" verdaderos.
La dichosa construcción de las sedes en varias territoriales (Neiva, Santa Marta, Tunja, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, Cali) que tuvo diseños detallados con un consorcio de arquitectos se ha aplazado desde 2015, por el "aborto" de convenio con Fonade, entidad a través de la cual se iban a construir dichos edificios y sedes. Fonade que no ha explicado lo ocurrido desde 2011 con los edificios de Neiva y Santa Marta). Explicaciones diversas han aparecido en los últimos dos años del Gobierno Santos II. Lo cierto es que la comunidad académica, a pesar de contar con los diseños y con los recursos, seguirá pasando meses y tal vez años, sin las sedes indispensables para su vida cotidiana.
Luego de varios años sin publicar nada, porque según algunos directivos novatos "en la ESAP no se produce" se publicaron, en un convenio con la Universidad Distrital, nueve libros que fueron presentados, cosa casi milagrosa, en la Feria del Libro de Bogotá 2018. Pero sigue invisibilizada la producción de los grupos de investigación con el oprobioso resultado de aparecer casi de última, la ESAP, en los rankings de investigación de las universidades colombianas. Cuando deberían salir a la luz entre 50 y 100 publicaciones, se programan 10 nuevos libros.
No se sabe de los dineros asignados para bienestar universitario. A pesar de haberse creado varias veedurías de estudiantes y profesores en diferentes sedes del país, no se les ofrece información oportuna ni se les crean condiciones favorables para su tarea de ciudadanía participativa, que exige la Constitución Política y las leyes que la desarrollan.
La ESAP tiene un objetivo clave en la organización estatal colombiana, pero la patrimonialización la mantuvo enredada en los pasados cuatro años y no le permitió cumplir sus objetivos misionales. De seguir bajo esta orientación, que no parece que se vaya a superar, pues el nuevo Gobierno Nacional ya ha dado señales de estar "repartiendo mermelada" para conseguir a aprobación de proyectos de Ley necesarios para el desarrollo de sus propósitos, seguirá "cojeando" y permitiendo que sus recursos, que son recursos públicos sagrados, se vayan para propósitos diferentes a los establecidos en las normas estatutarias.
El proceso de construcción de la paz, tarea en la que deben trabajar miles de instituciones estatales y no estatales, para aclimatar un nuevo escenario social y político en Colombia, no puede contar con el apoyo pleno de la ESAP, por esta enrevesada situación.
Desde la selva profunda mediterránea, a los 17 días del mes de diciembre de 2018.